Por Melody M. Fonseca Santos
Foto por Peter Amador, El Vocero
Recientemente, en una entrevista para Radio Dignidad, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, fue cuestionada sobre si estará sometiendo algún proyecto “pro-vida” durante la actual sesión legislativa. Rodríguez Veve, con risa burlona, respondió que sí, pero que “no [lo] adelant[a] porque si no entonces [sic] la oposición política le da tiempo de prepararse primero.” No sorprende la respuesta de Rodríguez Veve, pues sabemos que esta, en sus dos años como senadora, ha presentado varios proyectos que atentan contra la autonomía y la salud de las mujeres y personas gestantes. Entre estos proyectos se encuentra el intento de ilegalización de la interrupción de embarazos a partir de la semana veintidós de gestación, lo que representa una amenaza a la salud y dignidad de las personas gestantes (PS-693). Ha propuesto también limitaciones al aborto a menores de dieciocho años a través de obstáculos que fomentarían aún más los embarazos no deseados entre adolescentes, incluso producto de agresiones sexuales (PS-495). Y, por último, ha propuesto la criminalización de lxs proveedores de servicios de terminación de embarazos ante una situación de posible “sobrevivencia del neonato” (PS-598).
Es importante recordar también que Rodríguez Veve no solo ha sido vocal impulsando proyectos nefastos y violentos, sino que, además, ha sido uno de los mayores obstáculos para la aprobación de proyectos como el PS-184, para prohibir las terapias de conversión, así como para desarticular y dejar sin contenido y sin sentido la educación con perspectiva de género en las escuelas. Rodríguez Veve, su ideología, su discurso y su práctica, son una amenaza para la vida, la salud y la dignidad de las mayorías: la mayoría real y popular de este país.
Ahora bien, más allá de no sorprendernos porque sabemos muy bien dónde está posicionada la senadora, tampoco nos sorprendemos porque, al final del día, Rodríguez Veve, en tanto inmersa en la política electoral, es una política y politiquera más, buscando reelección a través de la comodificación de sus principios políticos y del juego con nuestras vidas y nuestros cuerpos. Esta ha convertido sus principios en un producto que le provee margen de acción en el pulseo legislativo, con el que obtiene ganancia política en la arena electoralista y con el que promueve una marca (su marca) que le permite masificar la ganancia política a través de sus seguidores. La nefasta marca “pro-vida” ni fue creada ni le pertenece a Joanne Rodríguez Veve, pero ella es su mejor embajadora. Y esto, quienes están invirtiendo en el ascenso de la extrema derecha y de las políticas antidemocráticas —ya sea por convicción, por ganancia de influencias, acceso al poder o ganancia económica—, lo saben.
Partiendo de lo anterior, merece la pena preguntarse, ¿cómo se ha articulado la moralidad neoliberal-ultraconservadora que promueve Joanne Rodríguez Veve? En el libro En las ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente (2021), Wendy Brown analiza cómo en las sociedades occidentales, con un aparato estatal e institucional liberal (en términos de separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sistema de partidos, elecciones, y principios basados en la libertad de expresión, entre otros), se ha articulado una política antidemocrática facilitada por el neoliberalismo; siendo este uno de los vectores ideológicos y prácticos de la desarticulación de la sociedad y de la primacía de la individualidad ante el vacío generado en el espacio público. Brown nos dice que “las formulaciones neoliberales sobre la libertad animan y legitiman a la derecha dura, [la cual] moviliza un discurso de la libertad para sus exclusiones y ataques frecuentemente violentos, para asegurar la hegemonía blanca, masculina y cristiana, y no solo para construir el poder del capital” (p. 33). Esta ha sido, precisamente, una de las estrategias de la marca pro-vida: utilizar las mismas herramientas que el orden liberal les provee —como la libertad de expresión— para sanitizar sus discursos ultraconservadores de odio y de exclusión.
Las estrategias discursivas de Rodríguez Veve reproducen una política de las emociones y los afectos que le permiten resignificar su marca como una suerte de moralidad, una apuesta por el “amor” a la “patria” y a la “familia”. Comencemos por el “amor a la patria”. En dos lamentables columnas publicadas en Noticel, el exlegislador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor García San Inocencio, defendió su postura contraria al aborto como una crítica contra el imperialismo estadounidense. Para el exlegislador, el aborto se trata de una imposición de Estados Unidos, de un resultado más de nuestra condición colonial y de los efectos del “hiperindividualismo” característico de la sociedad estadounidense. Estas columnas tienen el efecto de antagonizar al independentismo con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, pues le atribuye al imperialismo y a la condición colonial lo que en nuestro archipiélago ha sido, de hecho, una práctica ancestral. No merece la pena entrar en los detalles de lo problemático de sus columnas, sin embargo, sí es importante notar cómo este sitúa el independentismo y el anticolonialismo del lado de la defensa del puertorriqueñx por nacer, situando de lado del imperialista a quienes luchamos por ejercer una autonomía digna sobre nuestra salud sexual y reproductiva. De repente, sus escritos se sienten casi como un llamado, como el “último sacrificio” de las mujeres puertorriqueñas a parir, que recuerda a los imaginarios masculinos sobre el amor a la patria, sostenido por los militarismos para legitimar la “entrega” de la vida de unxs para el supuesto bienestar de todxs. Así, discursivamente, el amor a la nación es vinculado a la reproducción de la vida y, esta, a su vez, a la obligación moral de las mujeres a parir. De hecho, en un tono todavía más absurdo, la también legisladora por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, habló de que, si la baja natalidad continúa, en unas décadas no tendremos raza puertorriqueña, mientras que en vistas públicas, el portavoz de la Coalición Provida y Familia, Mario Rosario Maisonet llegó a decir que el estado debería obligar a las mujeres a parir como estrategia para revertir la baja tasa de natalidad.
En el caso específico de la moralidad pro-vida defendida por Rodríguez Veve, esta recoge también la figura del “no nacido”. Esa figura sirve para crear una suerte de sujeto al que “amar” —el no nacido, engendrado y cuidado por la familia tradicional— vis-à-vis un sujeto al que “odiar” —las feministas, lxs abortistas— en nombre de ese “amor”. Así, el discurso de la senadora refleja lo que la autora feminista queer Sara Ahmed ha analizado como la “organización del odio”. El odio se organiza a través de la captura y resignificación de conceptos como el amor o, por ejemplo, la libertad. Sobre esto, Brown ha sostenido que “esta formulación de la libertad pinta a la izquierda, incluso a la izquierda moderada, como tiránica o hasta ‘fascista’ en su interés por la justicia social; y al mismo tiempo la coloca como responsable de la desintegración del tejido moral, de las fronteras inseguras y de darles todo regalado a quienes no lo merecen” (2021: 33).
Entonces, según Proyecto Dignidad y grupos similares, somos las abortistas, las feministas y defensoras de los derechos humanos, quienes odiamos irracionalmente al “no nacido”, quienes odiamos el que los “pro-vida” puedan ejercer su “libertad de expresión” y quienes atentamos contra la familia y los valores que definen la patria. Su estrategia discursiva les resitúa en el lugar de la defensa de lo “compartido” —la familia tradicional, los roles de género, el mandato de la maternidad—, en tanto defensa del y desde el “amor”. Tal como ha estudiado Ahmed en relación con los grupos neonazis, estos se atribuyen el rol de la defensa de la patria y, paradójicamente, llaman a sus acciones excluyentes y violentas, acciones de amor a la patria y de defensa de la familia y de las instituciones del orden liberal, como lo son las libertades individuales.
En parte ahí está la trampa: el orden liberal que engendra y nutre a los movimientos anti-vida digna, es un orden de exclusión constante de sujetxs. Este orden, se sostiene precisamente por la proliferación de normas que incluyen/excluyen sujetxs constantemente, normativizando así determinadas formas de existir —blancas, masculinas, cis— y deshumanizando, en distintos grados, a quienes se alejan de la norma.
Cuando cuestionamos y problematizamos la centralidad en el llamado derecho al aborto no lo hacemos desde una postura cínica ni de desprecio al trabajo realizado por décadas por distintas compañerxs y organizaciones, incluyéndonos a nosotrxs mismxs. Por el contrario, nuestro cuestionamiento parte del genuino entendimiento de que el estado —liberal, racista, patriarcal y colonial— no nos dará aquello que, para este existir, debe negarnos: el ejercicio de la plena autonomía y libertad colectiva. No hay nada que atente más contra el individualismo liberal y sus imaginarios blancos y patriarcales sobre lo privado —la familia, lxs hijxs— que reivindicar lo colectivo. El común, es el colectivo. De ahí que, en tiempos en donde la extrema derecha ataca desde el orden liberal y las herramientas legales que este le provee, nosotras le respondemos desde la construcción de un poder popular y colectivo que, por ejemplo, reivindica que la práctica ancestral del aborto es algo que nos pertenece y que no se negocia con el estado.
Mientras que la derecha extrema conforma una moralidad anti-vida digna, basada en la comodificación de sus principios y en el uso de su marca “pro-vida” para el juego político electoral, quienes creemos en la vida digna de todes, tejemos una moralidad revolucionaria que no prima ni al estado, ni al individuo, si no a la colectividad.
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