Por Adriana De Jesús Salamán
El Estado de Emergencia por la Violencia de Género se declaró hace un año y dos meses en Puerto Rico. Aunque está ahí, creado por una Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, su propósito inicial parece haberse aguado por la burocracia e institucionalización del propio gobierno, actos que traen consigo otro verbo conjugado: dilación. Hacer el mínimo para calmar los ánimos y distraer la opinión pública, respaldado por un interés menguante que está sujeto a cuanta oposición reciba de sectores que pudieran representar un golpe electoral.
El camino trazado hasta este punto tomó al menos cuatro años en cuajarse —a la fuerza, contra insultos, macanazos y gas pimienta— y es el trabajo de organizaciones sin fines de lucro que siempre le han extendido la mano a las mujeres cuando el gobierno les ha dado la espalda.
Pero también es la insistencia de la Colectiva Feminista en Construcción, un proyecto político no partidista encabezado por el feminismo y su intersección con el género, la raza y la clase. Un grupo liderado por mujeres negras y mujeres parte de la comunidad LGBTQ+ que ponen el cuerpo sin peros por un mejor porvenir.
En 2018, alrededor de 23 mujeres fueron asesinadas en incidentes de violencia de género, según datos del Negociado de la Policía de Puerto Rico. La cifra aumentó a 37 en 2019, a 60 en 2020 y a 53 en 2021, según el Observatorio de Equidad de Género, que recopila estos datos con mayor sensibilidad que la Policía.
El camino
La Orden Ejecutiva que declaró un Estado de Emergencia por la Violencia de Género no nació en un vacío. Entre 2018 y 2021 ocurrieron al menos tres intentos o simulacros de lo que es ahora política pública.
Al inicio de este trayecto está el 23 de noviembre de 2018. La Colectiva marchó ese día desde la Plaza Colón hasta la Calle Fortaleza con una lista de reclamos encabezados por la declaración de un Estado de Emergencia ante los asesinatos de 21 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Sin embargo, ese 23 de noviembre, la Colectiva no fue recibida por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. La Colectiva se quedó, ya que la idea del llamado Plantón Feminista era acampar hasta que se lograra el objetivo. Dos días después, en el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las participantes del plantón fueron macaneadas y rociadas con gas pimienta por agentes de la Policía de Puerto Rico.
En su corto gobierno, Rosselló Nevares nunca declaró un Estado de emergencia, pero la presión ejercida por la Colectiva dio paso a que se declarara feminista. Luego, el 8 de marzo de 2019 el Primer Ejecutivo anunció a puerta cerrada —mientras las organizaciones conmemoraban el Día internacional de la Mujer— la firma de una Orden Ejecutiva que, en gran medida, les recordaba a las agencias públicas el trabajo que debían hacer respecto a la violencia contra la mujer.
Lo mismo sucedió en 2019, cuando su sucesora Wanda Vázquez Garced creó una “Alerta nacional ante la violencia de género”, evitando a toda costa asumir la inacción del gobierno para atender el problema. En el proceso, hubo reuniones, discrepancias, peleas públicas con la Procuradora de las Mujeres y, a fin de cuentas, mandatos en papel que no fueron respaldados por una acción. Solo simulacros. La única constante: el patriarcado continuaba arrebatando mujeres y destruyendo familias. Luego de un año, la propia Procuradora dijo que la Alerta Nacional no había tenido efecto alguno y señaló a la Gobernadora como la responsable.
Entonces llegó el 2021. El 25 de enero de 2021, Pierluisi Urrutia —el tercer gobernador en escuchar el reclamo— declaró un Estado de emergencia mediante una Orden Ejecutiva. También creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), un híbrido entre lo institucionalmente aceptado (mesas multisectoriales, de diálogo, participativas a las que les encanta reunirse) y los reclamos mínimos de grupos como la Colectiva (un esfuerzo real interagencial).
El Comité está compuesto por 19 representantes: 14 son del gobierno y 5 del tercer sector. Aunque el reclamo comenzó con ellas, ninguno de esas integrantes es la Colectiva. Aunque mucho de lo que hacen y proponen fue sugerido por la Colectiva, ninguno de esos integrantes es la Colectiva. Si bien el ente no hace el trabajo por protagonismo o reconocimiento, levanta sospecha el que el Gobierno copie sus reclamos a la misma vez que intenta invisibilizar el trabajo de sus líderes.
Dónde estamos
¿Qué ha hecho pasado con el Estado de emergencia en un año y dos meses? Si se les pregunta a las organizaciones sin fines de lucro parte del Comité PARE, reiterarán que queda un largo camino por recorrer y que el gobierno dice una cosa y hace otra, como fue el caso del currículo con perspectiva de género. Simulacros.
Si bien queda camino, los pasados cinco años han ayudado a llamar a las víctimas y a las cosas por su nombre. Cuando la Colectiva exigió la declaración de un Estado de emergencia en noviembre de 2018, no existía, por ejemplo, una ley a nivel estatal que definiera los parámetros de un feminicidio y un transfeminicidio (muertes violentas de mujeres, niñas/personas trans por violencia de pareja o expareja o por motivo de identidad de género y/o sexualidad diversa). Se trataba de términos conocidos en Latinoamérica, pero en Puerto Rico se elevaron a la discusión pública a raíz de las manifestaciones, denuncias y, lamentablemente, con cada asesinato. Tampoco existía una “Alerta Rosa”, para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas ni se reconocía que la violencia de género no se trataba solo de salud, sino de seguridad, de política pública, de economía, de educación y sus intersecciones. Mucho menos se pensaba que el gobierno iba a entender (por más mínimo que sea ese entendimiento) la magnitud del problema al punto de reconocerlo.
No se sabía en ese entonces que una lista de nombres de mujeres víctimas de violencia de género sería repetida cada vez que la Colectiva se manifestara frente a La Fortaleza, frente al Cuartel General de la Policía, frente a las alcaldías de los pueblos, frente al Departamento de Justicia o en cualquier rincón de este archipiélago. Que esa repetición personificó las estadísticas y se convirtió en una promesa de lucha.
Que las mujeres ya no se deben sentir solas, porque hay una colectiva dispuesta a luchar por ellas/elles, cueste lo que cueste.
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