El gobierno de Trump y la doctrina del shock

Por: Zoán Tanís Dávila Roldán 

Pareciera que ha transcurrido más tiempo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumiera su cargo el pasado 20 de enero de 2025. Esto, debido a que apenas a horas de haber juramentado, emitió un sinnúmero de órdenes ejecutivas que afectan a los sectores más vulnerables de esa nación y sus territorios. Desde la implementación de una campaña de deportación masiva, el despido masivo de empleados federales esenciales, el recorte presupuestario a agencias de protección al consumidor, la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y el restablecimiento de la pena de muerte a nivel federal. Asimismo, en materia internacional, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud, lo que tendrá graves consecuencias para la regulación de las acciones estadounidenses en caso de pandemias y ante la intensificación de los efectos del cambio climático en el Sur Global. En consonancia con lo arbitrario de estas órdenes ejecutivas, ha hecho publicidad de su estilo autoritario, pretendiendo someter a la obediencia a través de amenazas a gobernadores de estados, empleados federales y hasta a jueces que no estén de acuerdo con sus políticas corporativistas y de corte conservador. 

El gobierno local no se ha quedado atrás, iniciando el año de manera similar con propuestas para desmantelar el Instituto de Cultura Puertorriqueña, impulsando el funesto proyecto Esencia en Cabo Rojo y presentando proyectos para redefinir la zona marítimo terrestre, discriminar por motivos religiosos y para restringir el derecho al aborto. A la par con estas políticas, el gobierno de Jenniffer González ha asumido total cooperación con el operativo de redadas federales contra hermanos migrantes en diversas comunidades del país.

Estas frenéticas pero concertadas acciones entre el capital y el gobierno, tanto federal como local, han generado una especie de shock en la población general, un sentido de miedo, confusión y crisis permanente sobre todo para los sectores que han recibido los primeros impactos de estas políticas, como lo son las comunidades negras, migrantes, las mujeres y personas de las comunidades LGBTTIQ+. A su vez, este estado de crisis permanente ha generado un sentido de paralización. Es evidente que, así como en otros momentos de la historia, estamos ante la implementación de la Doctrina del Shock, una estrategia político-militar que busca generar un clima de confusión en la población, provocando a su vez, que las personas no puedan reaccionar a la imposición de medidas económicas impopulares que afectarían directamente a la clase pobre y trabajadora del país.

En esencia, Trump y su ganga de empresarios billonarios, propulsores del libre mercado, apuestan a la desinformación, la fragmentación social y al ataque a los derechos humanos y civiles de las minorías para normalizar un ecosistema político en el que puedan gobernar sin oposición alguna. Es únicamente bajo ese clima de desasosiego e impotencia que podrán eliminar toda intervención estatal al mercado, permitiendo el lucro a granel de los empresarios que le pusieron en el poder.

Es imprescindible que entendamos que estas estrategias y tácticas del sistema no son nuevas, que ya las hemos enfrentado y que podremos sobrevivirlas. Son ante todo tácticas terroristas que buscan hacernos olvidar las apuestas y vindicaciones sociales por las que todos los días luchamos en nuestro país y nuestras comunidades. La autora del libro “La Doctrina del Shock”, Naomi Klein, acierta que el primer antídoto contra las tácticas de shock político es la información. Si sabemos lo que está pasando, podremos nombrarlo, resistirlo y mantenernos orientadas en el objetivo. 

Esto nos lleva a poner en contexto cómo se implementaron estas tácticas para imponer medidas de corte neoliberal en Chile a principios de la década del setenta, tras el golpe de estado a Salvador Allende y bajo el mandato dictatorial de Augusto Pinochet. Lo mismo ocurrió en Argentina, durante la última dictadura cívico militar vigente entre 1976 y 1983. En Puerto Rico, esta práctica quedó plasmada cuando se nos convenció de la idoneidad de privatizar nuestro sistema eléctrico tras el estado de vulnerabilidad en que quedó nuestro país luego del Huracán María. Entonces, reconociendo que estamos ante una coyuntura similar, en que las crisis parecen ser “la orden del día” y que la asociación del capital y el estado es más que evidente, la apuesta más eficaz es la misma que nos ha permitido sobrevivir todas las crisis anteriores: la construcción de comunidad y de un movimiento de vindicación política y social que apueste a la vida digna. Para ello, es imprescindible que se desdibujen las líneas que nos separan a todas aquellas que seremos afectadas por estas políticas: la clase pobre y trabajadora, las mujeres, las personas negras, las comunidades LGBTTIQ+, las comunidades migrantes… 

Es momento de hacer mesa común, acompañarnos y prepararnos para luchar como exigen los tiempos. 

“La única garantía efectiva contra la victoria del fascismo es un movimiento de masas indivisible que se niegue a seguir con sus actividades como de costumbre mientras continúe la represión. Es natural que los negros y otros pueblos del Tercer Mundo deban liderar este movimiento, porque somos las primeras y más profundamente heridas víctimas del fascismo”.

—Angela Davis, “Political Prisoners, Prisons & Black Liberation”